El gobierno de Raúl Alfonsín decide que las causas contra las juntas
militares que se sustanciaban en los tribunales militares pasen a la
justicia civil. La medida, que respondía a la necesidad de agilizar los
juicios, demorados intencionalmente por los jueces militares, dará
inicio a un proceso que, conocido en el habla popular como "El juicio a
las juntas", conmocionará a la sociedad argentina, habituada a la
impunidad de los poderosos.
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