A través del decreto 1.786, el titular del Ejecutivo provincial vetó totalmente la ley 14.013, que regulaba la rendición de cuentas de gastos reservados o especiales, destinados a solventar gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas. Asimismo, a través del decreto 1.787, hizo lo propio con la ley 14.016, que modificaba el régimen de incompatibilidades de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y del Organismo de Investigaciones.
