El gobierno nacional, representado por el titular del Ministerio de Agricultura, Julián Domínguez, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se reunió con las principales entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace para tratar una serie de reclamos referidos a la comercialización del trigo y para analizar la problemática de las condiciones laborales en la actividad rural. En lo que respecta al principal reclamo llevado por los empresarios, el gobierno anunció ayer por la mañana la liberación de la totalidad del saldo exportable de trigo y acuerdos con los ministros de Agricultura y Producción de las principales provincias productoras de ese grano. A pesar de ello, la Mesa de Enlace anunció el cese de comercialización de cereales y oleaginosas, por considerar “insuficiente” la disposición de liberar la totalidad del saldo exportable de trigo (ver recuadro).
En lo que respecta al plano laboral, la inclusión de Tomada en la reunión no cayó bien entre los empresarios del campo, cuyo único interés residía ayer en tratar de presionar a Domínguez para obtener beneficios sectoriales. El propio titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, consideró que con esta medida el gobierno pretendía “embarrar la cancha”, al proponer discutir las exportaciones de granos junto a las condiciones laborales en el campo. “Es un tema sumamente respetable. Lo que no se entiende muy bien es que se tenga que tratar esta mañana en la misma reunión en que hablamos de trigo”, declaró antes de entrar a la reunión.
A pesar de la relevancia que cobró en las últimas semanas la precariedad laboral presente en vastos sectores de la actividad rural, la Mesa de Enlace evitó referirse a la cuestión e hizo silencio antes y después del encuentro. Ni siquiera en el extenso comunicado de prensa que emitieron en forma conjunta las cuatro patronales (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria) se hizo mención a un posible compromiso para mejorar las condiciones de trabajo en las explotaciones agrícolas. El texto de los ruralistas, titulado “Exportación de trigo: los productores queremos cambios de política y no gatopardismo”, fue dado a conocer pocas horas después de terminada la reunión con los funcionarios, y es una sumatoria de los reclamos más duros del sector, en especial la apertura total de las exportaciones de trigo y maíz, y la eliminación de los cupos y restricciones a la exportación. Es decir, lejos de una verdadera vocación de diálogo, los empresarios se mostraron más proclives a las quejas y la presión.
La única referencia al empleo rural en el campo provino del titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, quien durante la conferencia de prensa responsabilizó al Ejecutivo por esta situación. Dijo que el gobierno está en deuda respecto de la resolución del trabajo en negro, y que los empresarios “repudiamos el trabajo esclavo, que lo investiguen y los metan en cana”.
Ante este silencio, Tomada exhortó a los empresarios agropecuarios a que se “pronuncien” contra el trabajo esclavo en el campo y que se constituya una mesa de diálogo “para revertir esta situación y avanzar en la registración del trabajo rural”. El funcionario aseguró que próximamente convocará a las cámaras del sector para analizar el tema, pero advirtió que “si lo que me van a pedir es una rebaja de los aportes patronales, más vale que no perdamos el tiempo”. Tomada denunció que sobre aproximadamente 1 millón de trabajadores rurales, existen unos 600 mil no registrados. Además, tampoco se olvidó de la responsabilidad que le cabe al sindicato. Opinó que sería importante que el secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo Venegas, se “exprese sobre este tema, en defensa de los trabajadores del sector”. Sin embargo, Tomada responsabilizó en primer lugar a los empresarios por la situación de los peones rurales. “El primer responsable de esta situación es el empresario, luego las organizaciones sindicales del rubro, y a esto se le suma luego el Estado en su tarea de inspeccionar la situación en la que se desempeñan los trabajadores del campo”, reconoció.
La presencia de Tomada en la reunión sumó un nuevo ingrediente a las discusiones con los hombres de campo, en un principio solamente referidas a temas de rentabilidad agropecuaria. Sin embargo, a partir de la aparición de focos de trabajo bajo condiciones paupérrimas de higiene y salubridad, la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández, decidió incluir a la cartera laboral en la mesa de discusión. “He pedido la presencia del señor ministro de Trabajo porque me gustaría que en la reunión con las cámaras rurales patronales, además de hablar de rentabilidad y de los problemas que puede tener el sector, también hablemos de la cuestiones de trabajo”, había adelantado el lunes la mandataria, en ocasión de un acto en el Banco Nación donde anunció créditos para los productores rurales. En las últimas semanas, investigaciones periodísticas y fiscalizaciones de la cartera laboral corroboraron la presencia de trabajadores en condiciones de “semiesclavitud” en explotaciones agrícolas de la provincia de Buenos Aires, situación de la que actualmente se ocupa la justicia. Una de las investigaciones alcanza a la empresa transnacional Nidera, por la explotación de 130 trabajadores en la localidad de San Pedro. Durante el encuentro de ayer, Tomada reclamó a la Mesa de Enlace una mayor predisposición y colaboración de los empresarios para combatir la precariedad que afecta a los trabajadores del sector, particularmente en lo que respecta a las fiscalizaciones que lleva a cabo la cartera laboral y que en muchos casos se ven obstaculizadas.
“Queremos un diálogo permanente con un fin concreto, que es erradicar el trabajo en negro y, por supuesto, las condiciones de servidumbre que la justicia está investigando”, declaró Tomada ayer tras el encuentro. Y agregó que en este marco solicitaba “no sólo la predisposición, sino la colaboración de los empresarios del sector en la tarea inspectiva que muchas veces resultó hostil”.
Tiempo Argentino
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