Una visita a los genocidas

La Justicia federal de San Martín allanó la casa del dictador Jorge Rafael Videla; la de su ministro del Interior Albano Harguindeguy y la del ex general Omar Santiago Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura. Los procedimientos realizados en completa reserva se hicieron entre el viernes y el sábado y estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente de la ministra de Seguridad Nilda Garré. La PSA recogió una enorme cantidad de documentación aún no evaluada, en gran parte desconocida. Funcionarios judiciales que intervienen en las causas de lesa humanidad, consultados por este diario, consideraron que el material secuestrado puede ser de mucha utilidad para avanzar en los procesos de memoria, verdad y justicia. Entre otros documentos que incluye el expediente, al que accedió Página/12 en exclusiva, hay documentos de evaluación política de la Junta como el “Informe de cumplimiento de gestión 1979 y plan de acción 1980”; carpetas que permiten ver cómo la dictadura pensaba extenderse hasta 1984; partes de inteligencia de mayo 1976 donde se “detectan” los movimientos de los principales dirigentes de la Junta de Coordinación Revolucionaria; perspectivas políticas sobre el diseño de la “guerra contra la subversión” y papeles clasificados de “secreto” que incluyen referencias a “prisioneros de Malvinas”. También hay fotos, negativos, casetes, cartas, manuscritos, cajas con archivos de diarios y carpetas con información de 1980 de los que hasta ahora hay muy poca documentación y que se supone pueden contener parte de los preparativos para frenar la Contraofensiva de Montoneros.

Los allanamientos los ordenó la titular del Juzgado Federal N0 1

de San Martín Alicia Vence, en el marco de la causa 4012/03 llamada “Riveros, Santiago Omar y otros, sobre privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios”. La jueza, que asumió en diciembre del año pasado, tiene en sus manos los procesos de instrucción de las causas de lesa humanidad más emblemáticas de ese distrito, de las que se desprenden las investigaciones por los secuestros de los obreros de la Ford, Mercedes Benz y los astilleros de la zona norte, en las que Riveros aparece como uno de los principales responsables.

Para llevarlos a cabo, la jueza ordenó “proceder al secuestro de toda la documentación (listados, reglamentos, decretos, órdenes, expedientes, actas, croquis, fotos, recibos, etc.) que de algún modo estén relacionados con los hechos delictivos cometidos durante la última dictadura militar y/o cualquier otro material de interés para esta investigación”.

En ese contexto, la PSA allanó los tres domicilios. En el caso de Videla, en este momento el dictador no vive allí ya que está detenido en la guarnición militar de Campo de Mayo. El departamento está en el quinto piso de un edificio de la avenida Cabildo al 600 en el que hasta ahora se había hecho un solo allanamiento, según reconoció su hijo a los agentes que llevaron adelante el operativo. Entre las imágenes de la casa aparece el cuarto del represor presidido por una enorme cruz en la cabecera de la cama y detalles de lo que al parecer es su despacho. Sobre el borde de uno de los armarios, entre libros en inglés y hasta lo que parece ser el lomo de un libro de Mao, se yergue una serie de aviones, recuerdo macabro en ese contexto de lo que fueron los vuelos de la muerte. Uno de los extremos del escritorio está coronado por el perfil de una Pantera Rosa: una inesperada muestra de ¿humor? del dictador, ya que hace referencia a una de las maneras en que se lo denominaba mientras ejerció la presidencia.

Entre la recopilación de los documentos secuestrados de su casa aparecen esbozos de lo que podría ser el comienzo de la escritura de un libro: “Recuerdos de una gestión de gobierno”, como dice una de las carpetas. Hay referencias más llamativas: una que concitó la atención de uno de los fiscales que trabaja en las causas es un croquis escrito a mano de lo que parece ser la idea de un programa del Proceso de Reorganización Nacional (PRN). En él se ve el dibujo de una línea de tiempo que arranca en 1970 y una descripción donde alcanza a leerse “Diferenciar: Mas allá de cierta simultaneidad: 1) campo militar (GUERRA) 2) campo político (PRN)”. También encontraron otro documento integrado por “78 hojas escritas a máquina y en manuscrito en cuya primera hoja dice: ‘Buenos Aires 16-1-76’”, es decir, un documento escrito antes del golpe, que a la luz de las últimas declaraciones de Videla podrían dar pistas sobre listas de nombres de las futuras víctimas o de las personas a las que pensaban impedir que hagan acciones contra el régimen.

Los materiales hallados en los procedimientos en las casas de Harguindeguy y de Riveros también parecen importantes. De la lectura de los documentos de Harguindeguy se colige que era el brazo político del gabinete: eso estaría indicando el llamado “Informe de cumplimiento de gestión 1979 y el plan de acción 1980”, cuyo interés estaría en que no sólo contendría un programa político militar a futuro sino los resultados y, por lo tanto, datos del año concluido. Otra de las señales que refuerzan esa interpretación es una carpeta titulada: “Secreto. Pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para el ejercicio de la acción de gobierno 1981-1984”. Pero son los datos de 1980 los que a uno de los fiscales de las causas le parecen más llamativos: podrían aportar información sobre la ofensiva militar desatada a partir de la captura a los militantes de Montoneros que habían reingresado al país en la llamada Contraofensiva. En el caso de Riveros, unos de los datos más llamativos son los documentos que acopió sobre Malvinas y el llamado “Caso Grosby” (ver aparte).

La captura de material confirma la certeza que tienen desde hace años los organismos de derechos humanos que vienen reclamando los allanamientos a las casas de los represores, convencidos de que aún hay material relevante en sus manos. En los últimos meses, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud volvió a solicitarlos a raíz de un allanamiento a la casa de los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando, en el que se encontró una carta de la mujer del represor con una referencia a la intervención del Movimiento Familiar Cristiano en la legalización de la tenencia de la niña.

Las razones de los pedidos de allanamientos a estas tres casas aún no se conocen pero es posible, de acuerdo a lo afirmado por uno de los investigadores, que se hayan ordenado a partir de las declaraciones del dictador Videla en el último libro de Ceferino Reato. En un diálogo con Harguindeguy reproducido en el libro, el represor da cuenta de la existencia de algunos de estos papeles. Harguindeguy le dice a Reato que “mi problema como ministro del Interior eran los de-saparecidos; era el problema más grande que tenía, después estaban las grandes obras energéticas, algunas peleítas entre provincias”. Harguindeguy cuenta que había hecho sus listas. Cuando Reato le preguntó qué pasó con esas listas, el ex ministro dice que “todo eso fue quemado por orden de Bignone”. Pero confiesa que “yo me había traído acá una carpeta chiquitita que tiene quince cartas, quince notas”, con contestaciones importantes de los gobernadores, de algún embajador, del propio presidente y demás. “Después no tengo ninguna otra cosa. Tengo sí un recibo que le di a (Jacobo) Timerman.” Pero Reato volvió a preguntarle: ¿Y lo que tiene acá es importante? “Y sí –dice el represor–, pero no es de actualidad.”

Para quienes intervienen en los procesos ahora se abre una nueva inquietud: la necesidad de que estos documentos circulen. En ese sentido, Félix Crous, uno de los fiscales de las causas, indica que “sólo sabremos la importancia de la documentación secuestrada en los allanamientos cuando pueda estudiarse detalladamente. Por el grado que ostentaron los tres en el Ejército es imprescindible que tengan acceso a ella los jueces y fiscales que intervienen en todos los juicios por delitos de lesa humanidad. Una buena idea para compartir esa información es que la jueza Alicia Vence la envíe mediante la Unidad de Coordinación de Causas de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, que dirige el fiscal general Jorge Auat. Si queda afectada solo a la causa de San Martín se afectaría su potencialidad como prueba”.

Página 12