Se cumplen 35 años del asesinato a representantes de la Iglesia durante la última dictadura

Hoy se cumplen 35 años de la Masacre de San Patricio, en la que fueron asesinados tres curas palotinos y dos seminaristas, pero este hecho, tal vez el más sangriento, no es el único que enlutó a la Iglesia Católica durante el terrorismo de Estado en la Argentina.

Los asesinatos del sacerdote Carlos Mujica en 1974, a manos de la Triple A, y de los obispos de La Rioja, Enrique Angelelli, y de San Nicolás, Carlos Ponce de León, son algunos ejemplos de religiosos enrolados en la defensa de los derechos humanos que fueron asesinados por defender sus ideas.

Si bien parte de la Iglesia Católica fue cómplice del régimen militar, hubo una minoría que luchó contra las atrocidades que se cometieron.

Este grupo se caracterizó por la expresa condena a las violaciones de los derechos humanos, la participación en manifestaciones, cartas y homilías públicas contra el accionar represivo, las denuncias al exterior y el acompañamiento a los familiares de desaparecidos.

Según el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, al menos dieciocho sacerdotes fueron asesinados o figuran como desaparecidos; otros diez curas estuvieron presos en la dictadura; y treinta fueron secuestrados y derivados a los centros clandestinos de detención y luego liberados.

Asimismo, once seminaristas fueron asesinados o figuran como desaparecidos, y se cree que son más de medio centenar los católicos laicos víctimas de la represión ilegal.

El primer religioso asesinado fue el padre Carlos Mujica quien fue ametrallado el 11 de mayo de 1974 en esta ciudad, cuando la Triple A realizaba la persecución para eliminar a la "guerrilla".

En la actualidad es el juez federal Norberto Oyarbide quien investiga los crímenes atribuidos a la Triple A.

Ya bajo la dictadura cívico-militar, las primeras víctimas de la Iglesia aparecieron en la provincia de La Rioja.

El 18 de julio de 1976, el párroco francés Gabriel Longueville y el sacerdote Carlos de Dios Murias fueron secuestrados en la parroquia El Salvador, de El Chamical, y sus cuerpos fusilados, con los ojos vendados, aparecieron en un descampado al sur de la ciudad.

Hoy el sitio se denomina Los Mártires y un oratorio honra sus memorias.

El ex titular del tercer cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, es uno de los principales imputados en la causa por el asesinato de los sacerdotes Murias y Longueville.

Paralelamente, se instruye también en el Juzgado Federal de La Rioja la investigación por la muerte, en un accidente automovilístico confuso, del obispo de La Rioja monseñor Enrique Angelelli, ocurrida el 4 de agosto también de 1976.

Angelelli viajaba a Buenos Aires en una camioneta con la denuncia sobre el secuestro y homicidio de los dos sacerdotes.

El obispo riojano no desconocía su situación, por lo que en más de una oportunidad puso a disposición de las más altas autoridades eclesiástica su renuncia.

"Es hora de que la Iglesia de Cristo en la Argentina discierna a nivel nacional nuestra misión y no guarde silencio ante hechos graves que se vienen sucediendo", decía Angelelli en una carta a su confidente, Monseñor Zaspe, en abril de 1976. Y agregaba: "O nos respaldamos en serio o que se busque otro pastor para esta diócesis”.

Los religiosos palotinos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, fueron asesinados en la madrugada del 4 de julio de 1976 por un grupo de tareas que ingresó por la fuerza a la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano.

Los religiosos fueron sorprendidos mientras dormían, atados y golpeados y luego ejecutados por la espalda.

Unas horas más tarde, un hombre que cada domingo tocaba el órgano durante la misa halló los cadáveres acribillados -algunos habían recibido más de 60 balazos- junto a la leyenda "Esto les pasa por envenenar la mente de la juventud".

La "Masacre de San Patricio" nunca fue esclarecida, aunque algunos testigos coincidieron en que los autores pertenecían a un grupo de tareas de la ESMA, el principal centro de detención y torturas de la dictadura.

En tanto, monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás de los Arrollos, también fue asesinado en un confuso accidente el 11 de julio de 1977.

Aquel día se dirigía a la Capital Federal para entregar a la nunciatura documentación relativa a la represión ilegal implementada en la provincia de Santa Fe.

La documentación desapareció luego del supuesto accidente y según el relato de un colaborador del obispo, en una reunión luego del entierro de Angelelli, Ponce de León había comentado: "Ahora me toca a mí".

La causa por la muerte del obispo Ponce de León se encuentra estancada a la espera de que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario se expida sobre el pedido de recusación por retardo de justicia formulado contra el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo en julio del año pasado.

Uno de los casos que tomó más trascendencia a nivel internacional fue el de las monjas francesas de las Misiones Extranjeras, Alice Domon y Léonie Duquet, cuya desaparición ocurrió en diciembre de 1977, junto a denominado grupo de la Iglesia de la Santa Cruz que integraban las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

Por la desaparición de las Domon y Duquet, antes de que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la Argentina, la justicia francesa condenó a cadena perpetua al represor de la Armada, Alfredo Astiz, quien por estos crímenes hoy si es juzgado en nuestro país.

Hasta el momento, el único miembro de la Iglesia que fue sentenciado por violaciones a los derechos humanos fue el ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich.
Telam