El golpe petrolero del año 1930

Uriburu, el dictador al que los liberales denostaron siempre por nacionalista, sumó como vicepresidente al estanciero Enrique Santamaría, accionista de la empresa privada Astra, ligada a la Standard Oil. 

Fogoneó el editor de diarios preferido de los sectores vanguardistas; hizo de escriba el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores; estuvo al frente el militar descendiente de bravos guerreros de la Patria; y, por supuesto, la bendición cardenalicia, la acordada de la Corte Suprema y la traición de los propios radicales. No se trató sólo del fascismo, esos virus europeos que mostraban las limitaciones de las recetas liberales y la tristeza de un continente que había masacrado 10 millones de habitantes en aquella llamada “Gran Guerra”, como si hubiera una épica del gas mostaza para masacrar a los campesinos llevados a las trincheras. Pero, de lo que no se habla suficiente es que fue un golpe de la Standard Oil. Una vez más, para entender la historia del siglo pasado en la Argentina, hay que bucear en las palancas del poder económico. 

El salteño José Félix Uriburu tenía colgadas muchas medallitas por encima de su suculenta barriga que no provenían de ningún frente de batalla. Era, sí, hombre de linaje. Chozno del bravo Álvarez de Arenales por parte de madre y, por parte de padre, nieto de Evaristo, gobernador de Salta, e hijo de José Evaristo, presidente del voto cantado. El golpista le encargó días antes el texto de una proclama vibrante a Leopoldo Lugones y el autor de El Santo de la Espada le entregó un borrador que el general corrigió hasta en detalles. El orgullo literario de Lugones, pudo menos que su devoción al golpe y emprolijó, adocenado, las tildes del naciente dictador. En recompensa a tanto rastreo, su hijo Polo quedaría a cargo de la policía tiempo después. La excitación del patriciado por ver a los camiones con cadetes de bayoneta calada por las calles porteñas no hubiera sido posible sin la bendición del diario Crítica. Su dueño, Natalio Botana, era un cínico de mucho cuidado. 

Actuaba más por resentimiento que por convicción. Botana, siempre amparado por artistas e intelectuales, despreciaba a la chusma. Se dio el gusto de festejar su cumpleaños 42 el mismo día en que Uriburu firmaba como presidente ante el escribano general de gobierno. Había espadas en el Salón Blanco, también había cruces. Los purpurados invitaron a Uriburu a una misa en la Catedral no bien terminaba el protocolo civil. Contaban con la mirada celestial: Eugenio Pacelli, nombrado Pío XII para dirigir el Vaticano, era un promotor de cualquier aventura que pudiera asociarse al fascismo. Allí estaba, junto al dictador, el arzobispo José María Bottaro, un franciscano que no hacía gala de la providencial pobreza de esa orden. 

Apenas dos días después de asaltada la Casa Rosada, don Hipólito Yrigoyen, con sus 78 años a cuestas y con cuatro años más de mandato constitucional por delante, era enviado preso a la isla de Martín García. La Corte Suprema de Justicia no tuvo ninguna duda de la responsabilidad patriótica que debía cumplir. Para eso estaban los supremos, para sentar doctrina en horas de confusión y fatiga. Por eso, al frente del máximo tribunal estaba el presidente de los festejos del Centenario. 

Don José Figueroa Alcorta, custodio de la bandera y el himno, célebre anfitrión de la rechoncha Isabel de Borbón, hermana del mismísimo rey de España. Ese Figueroa Alcorta que hacía cumplir la Ley de Residencia, para echar anarquistas y revoltosos. Una ley pedida por la Unión Industrial Argentina, porque así no había seguridad jurídica para las inversiones. Una ley hecha por el modernista senador Miguel Cané. Figueroa Alcorta y los otros cuatro jueces firmaron un texto temerario, porque, según ellos validaban “un gobierno provisional, emanado de la revolución triunfante”. Además, consignaban que “ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación y, por consiguiente, para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado además, en actos públicos que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes del país, en el ejercicio del poder.” ¡Providencial interpretación del Derecho y de las leyes! Un texto urgente y nefasto que jamás fue cuestionado por otras Cortes y que fue usado como justificación para que todos los decretos dictatoriales adquirieran fuerza de ley y equivalieran a leyes votadas por el Congreso Nacional. Recién en estos años los tres poderes constitucionales tomaron recaudos para enterrar definitivamente esa acordada suprema. 

No faltó, en ese clima decadente, el aporte de los llamados antipersonalistas, los socialistas, los comunistas. Todos pedían, en un desordenado coro anticonstitucional, que terminaran los días del “Peludo”. 

EL PETRÓLEO DETRÁS DEL PETRÓLEO. “Yrigoyen nunca tuvo Senado –escribió años después Arturo Jauretche–. Por primera vez iba a tener mayoría en el Senado en 1930, entrando los senadores de San Juan y Mendoza para sancionar la Ley del Petróleo. La elección –fraudulenta, es cierto– era el 7 de septiembre. La revolución fue el 6, creo que las fechas lo están diciendo todo.” La cita, imprescindible, es retomada en la reciente Historia de la Argentina de Norberto Galasso. Por entonces, al frente de YPF estaba su inspirador y fundador, otro militar, pero nacional, Enrique Mosconi. La fiebre del petróleo recorría el mundo. Los automóviles demandaban petróleo, los aviones también, las locomotoras nuevas también. Las flotas mercantes y militares dejaban el carbón y consumían petróleo. Mosconi recorría América Latina contando cómo se podía defender la soberanía nacional constituyendo empresas estatales. Una rara avis, sólo vista ¡en la Unión Soviética! A Mosconi ya lo tenían en la mira los ejecutivos de la Standard Oil, la empresa fundada por John Rockefeller, el iniciador de la dinastía y motor de la doctrina Monroe. También los de la anglo-holandesa Royal Dutch que una década atrás había tomado el control del petróleo en México. 

Uriburu, el dictador al que los liberales denostaron siempre por nacionalista, sumó como vicepresidente al estanciero Enrique Santamaría, accionista de la empresa privada Astra, ligada a la Standard Oil. “Curioso nacionalista proyanqui”, señala Galasso. Y el ministro del Interior de Uriburu, Matías Sánchez Sorondo, era abogado de la Standard Oil. En Agricultura quedó al frente Horacio Beccar Varela, síndico de Austea, una subsidiaria de la Standard Oil. El canciller era Ernesto Bosch, ex presidente de la Sociedad Rural y ex presidente de la Compañía Comercial e Industrial de Petróleo, una subsidiaria de la Anglo Persian. El ministro de Obras Públicas fue Octavio Pico, directivo de la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia y Petrolera Andina, subsidiaria de la Standard Oil. En vez de contar con una Ley de Petróleo, Mosconi fue echado por la dictadura. La Standard Oil logró todas las facilidades para obtener concesiones. A partir de 1930, el puerto de Buenos Aires empezó a recibir automóviles estadounidenses en abundancia. 

Uriburu estuvo en la Casa Rosada menos de un año y medio. En efecto, el 20 de febrero de 1932 le entregó la banda presidencial a Agustín P. Justo, que había ganado las elecciones fraudulentas de noviembre del ’31. Tiene sentido apuntar la fecha del 20 de febrero: fue elegida para conmemorar los 119 años de la Batalla de Salta, cuando las armas revolucionarias ganaban a los realistas. Uriburu rendía un tributo especial a sus ancestros. Salvo que pervertía el sentido de la historia. Enfermo de cáncer, ese general que nunca había ganado una medalla en combate, fue a pasar sus últimos días a París, donde murió apenas comenzaba el verano francés. No se ganó una calle, como su padre, José Evaristo, en pleno barrio norte de la Capital, pero por algún extraño motivo, la Ciudad de Balcarce tuvo que soportar por décadas que la calle principal se llamara José Félix Uriburu. Un decreto municipal del 6 de septiembre de 2010 terminó con los días de la calle Uriburu y en cambio le tocó el turno al médico platense René Favaloro. Los habitantes de Balcarce, sin embargo, todavía tienen que pasar por el busto que recuerda al entorchado general.
Por Eduardo Anguita
El Argentino