Una historia de Felipe Pigna que quiero compartir con ustedes
Un curioso gabinete "de lujo"
Por Felipe Pigna
El golpista José Félix Uriburu tomó el poder el 6 de setiembre de 1930 y reclutó a miembros de la oligarquía.
Resulta por lo menos insólita cierta nomenclatura utilizada por la historia oficial argentina, aquella de cuño liberal pero que sin embargo no retaceó el elogio de llamar "revolución" a todo golpe de Estado perpetrado en Argentina. El caso paradigmático fue el del golpe del 6 de septiembre de 1930, a cuyos protagonistas llegaron a llamar "libertadores". Curioso concepto que remite a los verdaderos libertadores -a San Martín, a Belgrano, a Güemes-, tan lejanos a los usurpadores del poder que acompañaron al general devenido en presidente José Félix Uriburu.
En el gabinete de "Von Pepe" como llamaban al dictador por sus simpatías germanófilas, estaba la flor y nata de la vieja oligarquía. Allí había lobbistas, abogados de compañías extranjeras. Pero nos han dejado una imagen de Uriburu que lo pinta simplemente como golpista y cuartelero. Resulta imprescindible señalar que él mismo era un lobbista que, como sus compañeros en el gobierno, no dejará sus legalmente incompatibles funciones privadas para ejercer las públicas. Harán lobby en beneficio propio y de las empresas extranjeras a las que representaban y perjudicarán el patrimonio nacional.
El general José Félix Uriburu era director de la Compañía Industrial y Comercial del Chaco y director del Banco Argentino de Finanzas y Mandatos, cuyo hombre fuerte era Suleyman Krieger, el padre del futuro ministro de Economía del dictador Onganía, Adalbert Krieger Vasena. El Banco había sido fundado en 1925 y en su directorio se gestó el plan económico golpista. En una carta dirigida a Uriburu, el general Toranzo le dice: "Cuando perdió la fortuna del matrimonio, usted se dedicó a la usura y la coima. Ejemplo típico de la suciedad de sus negocios, que me exime de detallarlos, es su íntima vinculación con el Banco de Finanzas y Mandatos". (1)
El vicepresidente del gobierno golpista, Enrique Santamarina, era uno de los más poderosos terratenientes del país. Además era un importante accionista de Astra, compañía petrolera del grupo norteamericano Standard Oil, y director de Aga del Río de la Plata y de Baltic S.A.
El ministro del Interior era Matías Sánchez Sorondo, hombre de múltiples actividades e intereses. Era nada menos que el abogado de la Standard Oil en Argentina. Director de ARSA, presidente de Franco Argentina, Comercial y Financiera, abogado del Banco Español del Río de la Plata, presidente de la Trasman Trade Company y comendador de la Orden del Imperio Británico.
El Ministro de Agricultura era Horacio Beccar Varela: abogado del frigorífico Anglo y de las empresas petroleras Cía. Argentina de Comodoro Rivadavia y Andina S.A., asesor legal de la Cámara de Comercio Norteamericana de la República Argentina, abogado de The National Bank of New York, integrante del directorio de Franklin y Herrera S.A., Cervecería Palermo, Ibero Platense Seguros y Droguería Suizo Argentina; director de Transradio, La Plata Cereal y Panificación Argentina; abogado de la Cía. de Aguas Corrientes de la Provincia de Buenos Aires, director de El Cóndor, destilería de petróleo; vicepresidente de Elaboración General de Plomo S.A., vicepresidente de Cía. Hispano Argentina de Minas y Metales, presidente de Firestone y vocal de Sol, Cía. Petrolera.
El de Obras Públicas era Octavio Pico: como su colega, directivo de las subsidiarias de la Standard Oil Cía. Argentina de Comodoro Rivadavia y Petrolera Andina S.A.
El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch, era presidente de la Cía. Industrial y Comercial de Petróleo, subsidiaria de la Anglo Persian, y presidente de La Escandinavia S.A.
El ministro de Justicia e Instrucción Pública, Ernesto E. Padilla, era miembro de la Comisión asesora de Moralidad y del directorio de la Germano Argentina Seguros S.A., síndico de las azucareras Nougués Hnos. Ltda. y San Pablo, vocal suplente de la Cía. Técnica e Importadora.
El ministro de Hacienda, Enrique S. Pérez, era presidente de la empresa láctea Unión Argentina. (2)
Un verdadero seleccionado de la oligarquía argentina al servicio del capital extranjero. El propio Manuel Gálvez se asombraba del gabinete del general presidente: "Llama la atención que tres de los ocho ministros estén vinculados a las compañías extranjeras de petróleo, y todos, salvo dos o tres, a diversas empresas capitalistas europeas y yanquis". (3)
Estas "notables personalidades" hacían partícipe de sus negocios al general presidente y lo alentaban a organizarse para lucrar rápidamente. El dictador les hizo caso y creó junto a su hijo, su secretario y amigos una sociedad anónima que se dedicaba a hacerse cargo de la representación de firmas industriales, ganaderas, financieras y comerciales. Aprovechando la información privilegiada y los gastos inconsultos y sin control de una dictadura, les facilitaban a las empresas y particulares representados por el general-presidente, su hijo y compañía, el concretar suculentos negocios con el Estado y la obtención de créditos que el Banco Hipotecario Nacional les negaba a las familias realmente necesitadas. Con esos créditos excesivamente blandos, que ni siquiera se dignaban a pagar, los socios y clientes del general adquirieron durante aquel infame gobierno millones de hectáreas a precios viles a costa de la necesidad de miles de medianos y pequeños productores que se vieron obligados a malvender sus propiedades por la crisis.
La dictadura militar uriburista, obedeciendo el mandato de las casas centrales de las empresas petroleras que tenían a varios ministros argentinos entre los directivos de las sucursales locales, dicta uno de sus primeros decretos: se dispone la intervención de YPF y la expulsión de su creador e impulsor, el hombre que había logrado que la petrolera argentina produjera la nafta de mejor calidad y más barata del mundo, el general Mosconi, quien, sumariado, entrará en una profunda depresión que lo llevará tiempo después a la muerte.
Otro ingenioso decreto del general presidente condonaba con fondos del Estado todas las deudas particulares contraídas por miembros de las Fuerzas Armadas. Todo lo que los oficiales tenían que hacer era informar a sus superiores que tenían una deuda, no se requerían más detalles. Parece que supieron aprovechar la ocasión, porque tiempo después los diarios informaban que el decreto le había costado al país más de 7 millones de pesos. Un sueldo promedio rondaba los 100 pesos.
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