Gobiernos de Ecuador, Brasil, Venezuela y de otros países de
la región padecen episodios destituyentes con los medios de comunicación como
partícipes principales. El Pepe Mujica lo define como la "arremetida
desestabilizadora de las grandes campañas de la nueva derecha".
El próximo jueves 13 la campaña destituyente del gobierno
democrático del ecuatoriano Rafael Correa vivirá una de sus jornadas más
difíciles. Ese día comenzará un "paro general por tiempo
indeterminado" que marcará el inicio del "levantamiento
indígena", un gesto de combate del que no se conocen detalles pero que impresiona
por su solo nombre. Tres días después, el domingo, se realizará en Brasil una
jornada de protesta convocada en todas las ciudades con una amplia gama de
reivindicaciones unidas en su vértice por el pedido de "impeachment"
–juicio político– con el que se pretende que la presidenta democrática Dilma
Rousseff abandone a la fuerza el cargo para el que fue electa hace nueve meses
por 54 millones de brasileños. En Venezuela la acción se desarrollará hoy (ver
en el cuerpo del diario), publica Tiempo Argentino.
No son los únicos países donde los aires golpistas se
renuevan de la mano de las multinacionales, los grandes intereses económicos
locales y, sobre todo, los medios de prensa dominantes. Las aventuras
antidemocráticas que dieron a luz los golpes de Estado de Honduras (2009) y
Paraguay (2012) se extienden, también, a Argentina, Bolivia y Venezuela y han
ampliado su teatro de operaciones a otros países no conflictivos para el
establishment occidental, como Chile y Uruguay.
En las dos escalas de los próximos días, los episodios de
desestabilización llegan precedidos de meses desgastantes en los que –con el
pretexto de evitar la aplicación de "medidas confiscatorias"
(Ecuador) o de hacerles pagar a los responsables de actos de corrupción
(Brasil)– los medios fueron tejiendo una trama que terminó por ganar a los
sectores humildes, paradójicamente los más beneficiados por los cambios
impuestos por los gobiernos de Correa y Rousseff. Hace un año, el 31 de julio
de 2014, el ecuatoriano Galo Mora Witt hablaba de lo que Correa había llamado
la "restauración conservadora" y explicaba, con ejemplo y todo, que
"a lo largo de las décadas la sumisión de los humildes ha sido un caldo de
cultivo para el corporativismo fascista. Cultiva allí el rencor social. Abdalá
Bucaram, el ex presidente exiliado en Panamá por corrupto, entre otras tantas
cosas, decía: 'Si no se puede cambiar nada, por lo menos ráyale el Mercedes
Benz'". Mora Witt, sociólogo y antropólogo, fue uno de los fundadores de
Alianza País, el partido de Correa, e ideólogo de la Revolución Ciudadana.
Se anticipó a los días de hoy.
Correa, que junto con el brasileño Samuel Pinheiro Guimarães
–el hacedor de la política exterior de los gobiernos del PT–, y a la luz del
golpe de Estado que derrocó al paraguayo Fernando Lugo, ya habían hablado en
2012 del "neogolpismo", denunció el discurso de los sectores
dominantes: "Reconocen que fuimos elegidos democráticamente, pero
pregonan, y lo dicen amparados en la libertad que garantizamos, que no
gobernamos democráticamente. Crean la imagen de que nuestros gobiernos actúan
como dictaduras y así generan un clima que justifique un golpe de Estado,
inclusive por medios no militares, como pasó en Paraguay."
Pinheiro Guimarães redondeó: "Dicen que los nuevos
gobiernos democráticos emprenden cambios sociales populistas, instalando la
idea de que el populismo es algo malo, lo descalifican, dicen que estos
gobierno están contra la libertad de prensa, y lo dicen todos los días sus
medios de prensa", que hasta el día de hoy siguen diciendo lo mismo sin
que a nadie se le haya ocurrido la mala idea de sancionarlos por subvertir
groseramente el orden democrático. Los medios que fueron cómplices de los
secuestros, las torturas, los asesinato y las desapariciones del Plan Cóndor,
son hoy los impulsores de este Cóndor versión siglo XXI.
El 24 de junio de 2012, el politólogo Gabriel Tokatlian
titulaba “"El auge del neogolpismo" una columna de opinión que
publicó en el diario La Nación ,
aquí, en Buenos Aires, y definía: "El nuevo golpismo es formalmente menos
virulento, está liderado por civiles (con soporte implícito o complicidad
explícita de los militares), mantiene una cierta apariencia institucional y no
involucra necesariamente a una potencia (Estados Unidos)."
Ya cuando lanzaba sus primeros alertas, Correa sostenía que
"somos víctimas de nuestros propios éxitos. Veamos los avances en Brasil y
veamos las protestas contra Dilma. Hay una nueva clase media que exige cada vez
más y los medios, que son los ideólogos de la nueva derecha, aprovechan para
decir que nada vale, que el pasado era mejor. Es parte de la restauración
conservadora que puede ponerle fin a este ciclo de gobiernos
progresistas." Correa decía también que "hay que estar muy atentos y
defender nuestras plazas y calles". Las mismas, exactas palabras, diría
dos años después, en mayo pasado en Buenos Aires, el vicepresidente de Bolivia,
Álvaro García Linera. Correa completó su razonamiento: "Muchos de los que
hoy protestan tenían ocho años o menos cuando llegamos, para ellos no hay pasado,
no se acuerdan de nada sino de nosotros. Por eso nos demandan más y más."
Correa, Pinheiro Guimarães, García Linera y el uruguayo José
Mujica –que el último sábado denunció la “arremetida desestabilizadora de las
grandes campañas de la nueva derecha"– coinciden en citar el rol de los
medios dominantes en los golpes blandos que se pueden venir. Señalan que el
poder mediático se convirtió en poder político. Hay casos evidentes. Cuando se
consigue que una sociedad ponga en el pedestal de los héroes, como víctima, a
un presunto suicida que sólo tuvo el mérito de desacreditar a una presidenta.
Cuando no se mide, o no importa, el poder destructivo de una devaluación y se
la promueve. Cuando se ensucia a las personas y no se tiene la responsabilidad
ética de una rectificación. Cuando a diario se prostituyen las palabras y la
noble actividad de la política. Cuando se provoca el desabastecimiento y luego
se impulsan los saqueos. Cuando en un país que tiene la memoria fresca de los
golpes un economista dice públicamente que habrá que hacer el ajuste a los
golpes. "Enfrentamos cada día la manipulación de los medios de la
oligarquía, y esto es un calco en Ecuador, en Brasil o en Argentina",
opinó Correa.
Esta próxima semana los pobres de Ecuador y de Brasil serán usados
por el corporativismo fascista para poner a Correa contra las sogas y a las
puertas de un golpe, y para que la derecha brasileña pueda hacer libre uso de
los datos de una preocupante encuesta que dice que sólo el 22% de los
ciudadanos le adjudica validez a las instituciones de la democracia. De allí a
la posibilidad de un impeachment –otra forma de golpe– hay un paso, y lo grave
es que en Brasil hay una dirigencia política funcional y deshonesta, a la que
las multinacionales empujan para que convierta las posibilidades en una
realidad. Días atrás, en una reunión con legisladores uruguayos en el Congreso
montevideano, Florisvaldo Fier, uno de los fundadores del PT y actual Alto
Representante del Mercosur, al que se conoce más por su nombre de guerrillero
("Doctor Rosinha"), quizás se haya adelantado al asegurar que
"nuestro país es el laboratorio del golpe constitucional".
La prueba piloto en Honduras
Nada hacía pensar, el 28 de junio de 2009, que América
Latina volvería a tener una jornada de golpe de Estado y derechos arrasados,
tan dolorosamente comunes en el pasado. Ese día, en el sur, en Argentina y
Uruguay se elegían legisladores y candidatos presidenciales. Pero en la
madrugada de ese domingo en Honduras, corazón de América Central, comandos militares
entraron al dormitorio del presidente democrático Manuel Zelaya y, a las
patadas, lo metieron en un avión que lo depositaría en Costa Rica. No fue el
primer golpe de Estado del siglo, pero sí el que inauguró una modalidad. Fue
una prueba piloto, como la remoción "legal" de Jamil Mahuad en
Ecuador (2000), el fugaz derrocamiento "institucional" de Hugo Chávez
en Venezuela (2002), la "salida" forzada de Jean-Bertrand Aristide en
Haití (2004) y el "putch" policial contra Rafael Correa en Ecuador
(2010) y el "juicio express" contra Fernando Lugo en Paraguay (2012).
Con casi 300 golpes de Estado en su sangrienta historia, la
región ha conocido dictadores llegados para defender a las multinacionales del
banano y el cacao, a las grandes empresas mineras o petroleras, a los dueños de
la tierra y de los bancos. Llegaron siempre con el mismo pretexto: liberar al
país de turno de algún supuesto enemigo porque denunciaba a los saqueadores de
las materias primas y también de las esperanzas y las vidas de sus gentes.
Siempre llegaron arrasando con las instituciones, los partidos, los sindicatos.
Pero eso que ocurrió en Honduras fue diferente.
El 28 de junio debía celebrarse una consulta popular. Zelaya
quería preguntarle a su pueblo si estaba o no de acuerdo en que el 29 de
noviembre, día de la elección presidencial, se pusiera una urna exclusiva para
que cada ciudadano dejara su voto diciendo si era partidario, o no, de hacer
una nueva consulta, formal y explícita, para elegir una Asamblea Nacional que
se encargaría de reformar la
Constitución con el fin de abrir un espacio de participación,
consulta y decisión sobre aspectos de la vida del país de los que la ciudadanía
estaba y está excluida. O sea, se trataba de una pregunta sobre la eventualidad
de hacer otra pregunta.
Las razones hay que buscarlas en otro lado, porque en 2007,
cuando inició su metamorfosis política, Zelaya dijo que adhería "a las
ideas del liberalismo socialista para que todos los beneficios del sistema
vayan allí donde más se necesitan: las mujeres, los niños, los ancianos, los
trabajadores de la ciudad, los campesinos, los productores".
En consecuencia, generó un aluvión de hechos que
escandalizaron a los que habían sido los suyos. Con unos –producción propia de
medicamentos, subsidios a los combustibles, créditos a baja tasa para la
construcción de viviendas populares o para la pequeña empresa, aumento del 50%
del salario mínimo, ataque a la evasión fiscal– se adentró en la política de
redistribución del ingreso. Con otros apuntó contra la esencia del modelo
neoliberal imperante: detuvo la privatización del sistema de salud y de las
empresas del Estado (energía eléctrica, puertos, telefonía), pasó a formar
parte de la
Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), se integró a
Petrocaribe.
Fuente: Infonews
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