VUELVEN A SOPLAR AIRES GOLPISTAS EN AMÉRICA LATINA

Gobiernos de Ecuador, Brasil, Venezuela y de otros países de la región padecen episodios destituyentes con los medios de comunicación como partícipes principales. El Pepe Mujica lo define como la "arremetida desestabilizadora de las grandes campañas de la nueva derecha".


El próximo jueves 13 la campaña destituyente del gobierno democrático del ecuatoriano Rafael Correa vivirá una de sus jornadas más difíciles. Ese día comenzará un "paro general por tiempo indeterminado" que marcará el inicio del "levantamiento indígena", un gesto de combate del que no se conocen detalles pero que impresiona por su solo nombre. Tres días después, el domingo, se realizará en Brasil una jornada de protesta convocada en todas las ciudades con una amplia gama de reivindicaciones unidas en su vértice por el pedido de "impeachment" –juicio político– con el que se pretende que la presidenta democrática Dilma Rousseff abandone a la fuerza el cargo para el que fue electa hace nueve meses por 54 millones de brasileños. En Venezuela la acción se desarrollará hoy (ver en el cuerpo del diario), publica Tiempo Argentino.

No son los únicos países donde los aires golpistas se renuevan de la mano de las multinacionales, los grandes intereses económicos locales y, sobre todo, los medios de prensa dominantes. Las aventuras antidemocráticas que dieron a luz los golpes de Estado de Honduras (2009) y Paraguay (2012) se extienden, también, a Argentina, Bolivia y Venezuela y han ampliado su teatro de operaciones a otros países no conflictivos para el establishment occidental, como Chile y Uruguay.

En las dos escalas de los próximos días, los episodios de desestabilización llegan precedidos de meses desgastantes en los que –con el pretexto de evitar la aplicación de "medidas confiscatorias" (Ecuador) o de hacerles pagar a los responsables de actos de corrupción (Brasil)– los medios fueron tejiendo una trama que terminó por ganar a los sectores humildes, paradójicamente los más beneficiados por los cambios impuestos por los gobiernos de Correa y Rousseff. Hace un año, el 31 de julio de 2014, el ecuatoriano Galo Mora Witt hablaba de lo que Correa había llamado la "restauración conservadora" y explicaba, con ejemplo y todo, que "a lo largo de las décadas la sumisión de los humildes ha sido un caldo de cultivo para el corporativismo fascista. Cultiva allí el rencor social. Abdalá Bucaram, el ex presidente exiliado en Panamá por corrupto, entre otras tantas cosas, decía: 'Si no se puede cambiar nada, por lo menos ráyale el Mercedes Benz'". Mora Witt, sociólogo y antropólogo, fue uno de los fundadores de Alianza País, el partido de Correa, e ideólogo de la Revolución Ciudadana. Se anticipó a los días de hoy.

Correa, que junto con el brasileño Samuel Pinheiro Guimarães –el hacedor de la política exterior de los gobiernos del PT–, y a la luz del golpe de Estado que derrocó al paraguayo Fernando Lugo, ya habían hablado en 2012 del "neogolpismo", denunció el discurso de los sectores dominantes: "Reconocen que fuimos elegidos democráticamente, pero pregonan, y lo dicen amparados en la libertad que garantizamos, que no gobernamos democráticamente. Crean la imagen de que nuestros gobiernos actúan como dictaduras y así generan un clima que justifique un golpe de Estado, inclusive por medios no militares, como pasó en Paraguay."

Pinheiro Guimarães redondeó: "Dicen que los nuevos gobiernos democráticos emprenden cambios sociales populistas, instalando la idea de que el populismo es algo malo, lo descalifican, dicen que estos gobierno están contra la libertad de prensa, y lo dicen todos los días sus medios de prensa", que hasta el día de hoy siguen diciendo lo mismo sin que a nadie se le haya ocurrido la mala idea de sancionarlos por subvertir groseramente el orden democrático. Los medios que fueron cómplices de los secuestros, las torturas, los asesinato y las desapariciones del Plan Cóndor, son hoy los impulsores de este Cóndor versión siglo XXI.

El 24 de junio de 2012, el politólogo Gabriel Tokatlian titulaba “"El auge del neogolpismo" una columna de opinión que publicó en el diario La Nación, aquí, en Buenos Aires, y definía: "El nuevo golpismo es formalmente menos virulento, está liderado por civiles (con soporte implícito o complicidad explícita de los militares), mantiene una cierta apariencia institucional y no involucra necesariamente a una potencia (Estados Unidos)."

Ya cuando lanzaba sus primeros alertas, Correa sostenía que "somos víctimas de nuestros propios éxitos. Veamos los avances en Brasil y veamos las protestas contra Dilma. Hay una nueva clase media que exige cada vez más y los medios, que son los ideólogos de la nueva derecha, aprovechan para decir que nada vale, que el pasado era mejor. Es parte de la restauración conservadora que puede ponerle fin a este ciclo de gobiernos progresistas." Correa decía también que "hay que estar muy atentos y defender nuestras plazas y calles". Las mismas, exactas palabras, diría dos años después, en mayo pasado en Buenos Aires, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Correa completó su razonamiento: "Muchos de los que hoy protestan tenían ocho años o menos cuando llegamos, para ellos no hay pasado, no se acuerdan de nada sino de nosotros. Por eso nos demandan más y más."

Correa, Pinheiro Guimarães, García Linera y el uruguayo José Mujica –que el último sábado denunció la “arremetida desestabilizadora de las grandes campañas de la nueva derecha"– coinciden en citar el rol de los medios dominantes en los golpes blandos que se pueden venir. Señalan que el poder mediático se convirtió en poder político. Hay casos evidentes. Cuando se consigue que una sociedad ponga en el pedestal de los héroes, como víctima, a un presunto suicida que sólo tuvo el mérito de desacreditar a una presidenta. Cuando no se mide, o no importa, el poder destructivo de una devaluación y se la promueve. Cuando se ensucia a las personas y no se tiene la responsabilidad ética de una rectificación. Cuando a diario se prostituyen las palabras y la noble actividad de la política. Cuando se provoca el desabastecimiento y luego se impulsan los saqueos. Cuando en un país que tiene la memoria fresca de los golpes un economista dice públicamente que habrá que hacer el ajuste a los golpes. "Enfrentamos cada día la manipulación de los medios de la oligarquía, y esto es un calco en Ecuador, en Brasil o en Argentina", opinó Correa.

Esta próxima semana los pobres de Ecuador y de Brasil serán usados por el corporativismo fascista para poner a Correa contra las sogas y a las puertas de un golpe, y para que la derecha brasileña pueda hacer libre uso de los datos de una preocupante encuesta que dice que sólo el 22% de los ciudadanos le adjudica validez a las instituciones de la democracia. De allí a la posibilidad de un impeachment –otra forma de golpe– hay un paso, y lo grave es que en Brasil hay una dirigencia política funcional y deshonesta, a la que las multinacionales empujan para que convierta las posibilidades en una realidad. Días atrás, en una reunión con legisladores uruguayos en el Congreso montevideano, Florisvaldo Fier, uno de los fundadores del PT y actual Alto Representante del Mercosur, al que se conoce más por su nombre de guerrillero ("Doctor Rosinha"), quizás se haya adelantado al asegurar que "nuestro país es el laboratorio del golpe constitucional".

La prueba piloto en Honduras
Nada hacía pensar, el 28 de junio de 2009, que América Latina volvería a tener una jornada de golpe de Estado y derechos arrasados, tan dolorosamente comunes en el pasado. Ese día, en el sur, en Argentina y Uruguay se elegían legisladores y candidatos presidenciales. Pero en la madrugada de ese domingo en Honduras, corazón de América Central, comandos militares entraron al dormitorio del presidente democrático Manuel Zelaya y, a las patadas, lo metieron en un avión que lo depositaría en Costa Rica. No fue el primer golpe de Estado del siglo, pero sí el que inauguró una modalidad. Fue una prueba piloto, como la remoción "legal" de Jamil Mahuad en Ecuador (2000), el fugaz derrocamiento "institucional" de Hugo Chávez en Venezuela (2002), la "salida" forzada de Jean-Bertrand Aristide en Haití (2004) y el "putch" policial contra Rafael Correa en Ecuador (2010) y el "juicio express" contra Fernando Lugo en Paraguay (2012).

Con casi 300 golpes de Estado en su sangrienta historia, la región ha conocido dictadores llegados para defender a las multinacionales del banano y el cacao, a las grandes empresas mineras o petroleras, a los dueños de la tierra y de los bancos. Llegaron siempre con el mismo pretexto: liberar al país de turno de algún supuesto enemigo porque denunciaba a los saqueadores de las materias primas y también de las esperanzas y las vidas de sus gentes. Siempre llegaron arrasando con las instituciones, los partidos, los sindicatos. Pero eso que ocurrió en Honduras fue diferente.

El 28 de junio debía celebrarse una consulta popular. Zelaya quería preguntarle a su pueblo si estaba o no de acuerdo en que el 29 de noviembre, día de la elección presidencial, se pusiera una urna exclusiva para que cada ciudadano dejara su voto diciendo si era partidario, o no, de hacer una nueva consulta, formal y explícita, para elegir una Asamblea Nacional que se encargaría de reformar la Constitución con el fin de abrir un espacio de participación, consulta y decisión sobre aspectos de la vida del país de los que la ciudadanía estaba y está excluida. O sea, se trataba de una pregunta sobre la eventualidad de hacer otra pregunta.
Las razones hay que buscarlas en otro lado, porque en 2007, cuando inició su metamorfosis política, Zelaya dijo que adhería "a las ideas del liberalismo socialista para que todos los beneficios del sistema vayan allí donde más se necesitan: las mujeres, los niños, los ancianos, los trabajadores de la ciudad, los campesinos, los productores".


En consecuencia, generó un aluvión de hechos que escandalizaron a los que habían sido los suyos. Con unos –producción propia de medicamentos, subsidios a los combustibles, créditos a baja tasa para la construcción de viviendas populares o para la pequeña empresa, aumento del 50% del salario mínimo, ataque a la evasión fiscal– se adentró en la política de redistribución del ingreso. Con otros apuntó contra la esencia del modelo neoliberal imperante: detuvo la privatización del sistema de salud y de las empresas del Estado (energía eléctrica, puertos, telefonía), pasó a formar parte de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), se integró a Petrocaribe.

Fuente: Infonews