Luego de dos años de espera y cinco horas y media de debate, los diputados sancionaron la ley que regula la actividad de las empresas que prestan servicios de medicina privada o prepagas, como se las conoce. Fueron 190 votos a favor y 29 abstenciones, un triunfo que festejó el Frente para la Victoria, sobre el que había recaído el peso de la búsqueda del quórum para la sesión que comenzó poco después de las 14. Las abstenciones provinieron desde los bloques de la Coalición Cívica (CC), el PRO y los peronistas federales que responden a Francisco de Narváez. El debate del proyecto de prepagas tuvo dos momentos bien diferenciados. El primero de ellos fue durante la mañana, cuando estaba convocada una sesión especial solicitada por la macrista Paula Bertol. La diputada, junto a los legisladores de la CC y buena parte de los miembros del bloque radical, intentaron sesionar con otra agenda que contenía temas rechazados por el oficialismo e incluso otras bancadas de la oposición. Este temario también contenía la Ley de Prepagas pero como último tema de la jornada. Bertol sólo consiguió que la acompañaran 89 legisladores, 40 diputados menos de los 129 que se necesita para una sesión. Esos mismos legisladores fueron los que no prestaron su cuerpo para que la sesión solicitada por el FPV para las 14. No hubo necesidad de ello, el oficialismo consiguió ese número exigido no sin una cuota de nerviosismo y tensión. Además de los aliados de Nuevo Encuentro, el Movimiento Popular Neuquino, Concertación Forja y el Frente Cívico de Santiago. También sumaron los bloques del GEN, Socialista y del interbloque Proyecto Sur, entre otros. Así, el debate comenzó con un destino cierto de aprobación.
Unas de las voces más fuertes a favor de la norma fue la del titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, quien recordó que fue elaborada “en base a las denuncias históricas y permanentes que realizaron usuarios y consumidores del sistema”. Por otra parte, Rossi señaló que la ley “ genera un marco regulatorio que no tenía una actividad que, además de ser una actividad con fines de lucro, tutela un bien social básico que no tenía regulación. Ese es un motivo más que importante para celebrar esta sesión.”
A su turno, la jefa del bloque del GEN, Margarita Stolbizer también dio su visión positiva del proyecto.Destacó que “ permite la regulación, transparenta y torna previsible el sistema de medicina prepaga” pero advirtió que todavía “es necesario un Plan Nacional de Salud”. El presidente del bloque socialista, Lisandro Viale, también apoyó la norma al entender que “es un gran paso, un avance”, aunque resaltó que si bien “no implica la solución del problema”, bueno sería que “el Estado brindara un servicio de excelencia” en materia de salud.
El que sorprendió fue Felipe Solá. El todavía presidente del bloque del Peronismo Federal abandonó su constante oposición a los proyectos del oficialismo y anticipó su respaldo: “No es cierto que con esta sanción peligre la supervivencia de las empresas de medicina prepaga. En todo caso, lo que peligra es la máxima rentabilidad de las prepagas y el liberticidio de hacer lo que quieren”. Los radicales, que no habían dado quórum, hicieron malabares para justificar su ausencia inicial y luego su respaldo a la norma. La principal crítica radical se centró en que no aceptan que el texto excluya de las obligaciones a cooperativas y mutuales, asociaciones civiles, fundaciones y a las obras sociales sindicales que vendan planes por fuera del sistema de la seguridad social. Entre los que se abstuvieron, estuvo el cívico Juan Carlos Vega, quien dijo que a pesar de ser una buena ley, consideró que hay problemas con el ámbito de aplicación y se quejó, como los radicales, de la excepción para las cooperativas y demás organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, a partir de su reglamentación las empresas de medicina prepaga deberán cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio (PMO) y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad. Las prestaciones no podrán ser inferiores al PMO que brindan las obras sociales sindicales y los contratos de prestaciones que labren las compañías deberán ser autorizados por el Ministerio de Salud. En tanto, los usuarios podrán rescindir en cualquier momento el contrato, sin limitación y sin penalidad. Asimismo, la norma prohíbe que la edad sea tomada como criterio para rechazar una solicitud de admisión y tampoco podrán rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes, pero sí aplicar valores diferenciales debidamente justificados y autorizados. A los mayores de 65 años con al menos diez años de antiguedad en la cobertura, no se les podrá aumentar la cuota y se impondrían mecanismos para que desde el gobierno se autorice o no el aumento de las cuotas. Por último, desaparecen los períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se encuentran incluidas en el PMO.
El Argentino
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