Superados los recursos y chicanas con los que Romano había conseguido estirar los tiempos y demorar la resolución de su situación, el Plenario del Consejo aprobó el dictamen 100/2011, más de 300 páginas elaboradas por el consejero representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, que describen los casos en los que, al igual que otros miembros de la justicia mendocina, tuvo por lo menos una mirada complaciente con las torturas, desapariciones, robos y asesinatos que se convirtieron en emblemas del régimen que sojuzgó a la Argentina desde mediados de los ’70.
Los consejeros Mario Fera, Alejandro Sánchez Freytes (juez cordobés sobre quien organismos defensores de Derechos Humanos también tienen puesta la lupa por su pasado), Ordiales, Carlos Moreno, Mario Cimadevilla, Daniel Ostropolsky, Oscar Aguad, Marcelo Fuentes, Manuel Urriza, Ada Iturrez de Capellini y Alejandro Fargosi firmaron el dictamen que suspendió ayer mismo a Romano como juez y lanzó la cuenta regresiva de seis meses para que un Jury resuelva su suerte. No estuvieron presentes en la reunión la diputada justicialista tucumana Stella Maris Córdoba y el ex titular de la influyente Asociación de Magistrados, el camarista en lo Civil y Comercial federal Ricardo Recondo.
La situación de Romano, tal y como quedó, no difiere de la que atravesó su colega Luis Francisco Miret, destituido el 11 de marzo pasado en la misma instancia que ahora afrontará Romano.
Suspendido en sus funciones y camino a una eventual destitución, el futuro de Romano podría ser más negro aun: está procesado por 93 casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en prácticamente todas las modalidades conocidas, y se avizora en su horizonte un juicio oral en el que podría ser condenado a prisión perpetua. “Presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal”, reza la imputación en su contra.
Ayer, el Consejo de la Magistratura puso fin a su parte del proceso de destitución. La situación de Romano se venía demorando desde que el 3 de junio pasado fue citado a declarar en el marco del artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo. El artículo en cuestión es al juicio político lo que la declaración indagatoria al juicio penal: la oportunidad para que el imputado formule su descargo. Romano optó por enviar un escrito al Consejo negando las imputaciones en su contra y denunciando una suerte de persecución de matriz pretendidamente ideológica.
Entre las imputaciones en su contra figuran la aplicación de torturas a los presos políticos Luz Faingold, Ana Aramburu, Roberto Azcárate, David Blanco, Carlos Cangemi, Pedro Coria y Justo Corvalán, y la desaparición de Rolando Berohiza.
La situación de Romano no figuraba en el orden del día del plenario de la víspera. Sin embargo, los consejeros habían consensuado realizar temprano una reunión extraordinaria de la Comisión de Disciplina y Acusación para aprobar el dictamen acusatorio y empujar su inclusión entre los temas a tratar en el acuerdo. El representante del gobierno en el Consejo, Hernán Ordiales, y el diputado nacional oficialista Carlos “Cuto” Moreno serán los encargados de sostener la acusación en el Jury. Según la legislación vigente, desde ayer corre un plazo de seis meses calendario para que se lleve a cabo el proceso. Si se superara ese lapso sin una resolución, Romano sería automáticamente repuesto en su cargo. Pero en la historia del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, pese a la declamada “lentitud de la justicia”, no hay ningún antecedente de esa naturaleza.
Tiempo Argentino
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