Allanaron varias sedes policiales acusadas de proteger a roba autos

A partir de escuchas telefónicas sobre un rosarino preso en Buenos Aires como jefe de una banda de ladrones de autos, en las que se reiteran elocuentes indicios de la protección que recibía para sus actividades en el ámbito de la Unidad Regional II, la Justicia local abrió una causa penal con el propósito de identificar a los policías que brindaron cobertura al sospechoso.



 En ese marco, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron medidas de aseguramiento de pruebas en varias dependencias policiales de la ciudad. Los lugares inspeccionados fueron la sede del Comando Radioeléctrico, el cuartel de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y las comisarías 12ª de barrio Ludueña, la 14ª de barrio Belgrano y la 17ª de Fisherton. En todos esos ámbitos se buscaron por orden judicial libros de guardia, registros de marcha y consumo de vehículos y constancias del personal actuante y movimiento de patrullas en un rango de fechas determinado, con la finalidad de que toda esa documentación se examine en Tribunales. La pesquisa. La causa penal está radicada en el juzgado de Instrucción Nº 15 a cargo de Alejandro Negroni. Se abrió de oficio como coletazo de una investigación del fiscal de San Isidro Patricio Ferrari quien, en agosto pasado, ordenó la detención de Esteban Lindor Alvarado, al que atribuyó ser el organizador de una banda de ladrones de alta gama en el norte del conurbano bonarense que se desguazaban para su venta en talleres de Rosario. Alvarado fue detenido en Rosario. Está ahora procesado y con prisión preventiva. Las escuchas sobre las comunicaciones de Alvarado, sostuvo el fiscal Ferrari, ponían al desnudo que contaba en Rosario con "amparo policial" a través de sobornos con los que logró realizar su actividad ilícita presunta. Ferrari mencionó en su escrito lo difícil que había resultado la detención de Alvarado merced a su "gran capacidad y disponibilidad económica". Y al requerir al juez de Garantías Diego Martínez que ordenara apresarlo le pidió que prescindiera para tal fin de encargarle la captura a la policía santafesina. El 7 de agosto la fiscal de Cámaras Nº 2, María Eugenia Iribarren, ordenó que a partir de los argumentos de Ferrari se abriera una causa para investigar a los policías que aparecían dando cobertura a Alvarado. Los delitos atribuidos inicialmente eran tres: enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (artículo 268 del Código Penal, incisos 1 y 2); denegación y retardo de Justicia (artículo 274) y encubrimiento y lavado de origen delictivo (artículo 277). El trámite recayó sobre los fiscales Nº 3 Carlos Covani y el fiscal de la Oficina judicial de causas con imputados no individualizados (NN) Marcelo Vienna. En septiembre el fiscal bonaerense Ferrari se reunió con los tres funcionarios de Rosario. A partir de ese encuentro se remitieron por oficio parte de las investigaciones de San Isidro con las escuchas telefónicas efectuadas a Alvarado consideradas más relevantes. Como consecuencia de esa acción el juez Negroni ordenó medidas de requisa en las dependencias policiales de Rosario señaladas. Se realizaron todas el 5 de noviembre pasado en el mayor sigilo y con absoluta cooperación de parte de la policía local en cada repartición. Línea de sospecha. Un funcionario judicial explicó el motivo de la medida. "Surge a partir de la investigación de Ferrari que Alvarado tendría un tipo de arreglo con la sección Sustracción de Automotores. El acuerdo pasaría por no ser molestado en su actividad siempre que los autos que cortaba no fueran robados en Rosario. El asunto sería no afectar localmente la estadística de robo de automóviles. La consigna: «trabajá acá, pero roba allá»". Para las inspecciones —no son técnicamente allanamientos— los fiscales Covani y Vienna pidieron la actuación de Gendarmería Nacional, la misma fuerza de seguridad que había detenido a Alvarado en agosto. Las escuchas más significativas a los fines de esta investigación, según fuentes tribunalicias, están registradas los días 22 de junio y 26 de julio en el seguimiento que se hacía a los teléfonos de Alvarado en la causa de San Isidro. Las desgrabaciones suministran indicios para individualizar a personas nombradas por el teléfono cuyo uso se atribuye a Alvarado. "Hay menciones de apodos, nombres y lugares de trabajo de supuestos empleados policiales en connivencia presunta con la persona detenida. En virtud de eso se definieron las requisas a las dependencias policiales", indicó el portavoz del hecho. Fuente: La Capital