La estatización de empresas estratégicas mostró la capacidad de gestión del sector público

La recuperación de las cuatro empresas fue el resultado de las pésimas gestiones privadas. Economistas analizan los motivos y los diferentes modelos de gestión para proyectar e identificar las nuevas iniciativas posibles y necesarias.

Desde 2003 a esta parte el Estado Nacional tomó el control, bajo diversas modalidades, de cuatro empresas estratégicas de nuestro país que habían sido privatizadas durante la década del noventa bajo la premisa de una hipotética ineficiencia del Estado a la hora de gestionar. 
Las empresas "reestatizadas" han sido el Correo Argentino, la empresa nacional de agua Aysa, Aerolíneas Argentinas y, finalmente, YPF.
Las diferentes condiciones en las que lo hizo y los diversos modelos de gestión implementados en cada una de ellas, indican que, en rigor, no ha sido una política deliberada o prestablecida sino una reacción ante el resultado del fracaso de la gestión privada. 
La política "estatista" del gobierno operó como respuesta frente a los hechos consumados.   
A pesar de eso, cada uno de los resultados oficiales de la gestión y los balances que el propio Estado ha hecho de su control han convencido al gobierno de que la estatización, después de todo, no había sido una mala idea y que, por el contrario, podría acarrear beneficios. Algunos de ellos de manera directa y, la mayoría, en términos indirectos a la hora de definir una política estratégica de desarrollo. 
 
CORREO ARGENTINO. La del correo fue la primera experiencia de renacionalización que ocurrió, tempranamente, en el año 2003. En 1997 la entonces ENCOTEL había sido privatizada y concesionada en favor de la Sociedad Macri (SOCMA) por un período de 30 años. La nacionalización resultó de la deuda que la compañía privada mantuvo con el Estado en concepto de canones impagos y por la presentación de quiebra. El propio decreto de estatización incluía una cláusula de llamado a licitación para su re privatización pero, a poco de andar, la gestión estatal deshechó esa variante a partir de los resultados económicos de los primeros años. 
La empresa estatal mantuvo los 15 mil puestos de trabajo, alcanzó las 1500 localizaciones entre sucursales y agencias y ha oficiado como la mayor cadena de interconexión en el ámbito nacional para colaborar en tareas que van desde la logística electoral hasta la distribución de las tarjetas SUBE pasando por el pago de jubilaciones y otras actividades del sistema financiero como el cobro de impuestos y servicios y hasta de clearing bancario. 
 
AGUA. La privatización de Obras Sanitarias se produjo en el año 1993 en favor de Aguas Argentinas S A. En ese momento la provisión de agua potable alcanzaba al 99% de la población de la Capital Federal y apenas al 51% de la del GBA y, en materia de cloacas, la cobertura llegaba al 99% para los primeros y a apenas un 27% para los habitantes del Conurbano. Según el informe de la AGN de 2011 los objetivos de la concesión debían llevar a que, en 1998, los valores globales pasaran de ese acumulado del 70% en agua potable y 58% en cloacas hasta un 83% y un 65% respectivamente. Sin embargo esos resultados no fueron alcanzados y, luego de sucesivas prórrogas y redefinición de plazos, el contrato fue rescindido en favor de la estatal AYSA que pasó a controlar la totalidad de las acciones de las cuales, a su vez, cedió un 10% a los trabajadores a partir del Programa de Participación Accionaria. Según datos de la empresa, durante la gestión estatal se invirtieron 16,4 mil millones de pesos (financiados por el Tesoro Nacional) incorporando a 2,3 millones de habitantes al servicio de agua potable y 1,75 millones a los servicios de desague cloacal. El Plan Director de Aysa prevé alcanzar una cobertura del 100% en provisión de agua potable en 2015 y del 100% en cloacas hacia 2019. La facturación neta durante 2013 llegó a los 1200 milllones de pesos y se espera incrementarla en 50 millones hacia 2014. A la fecha la empresa cuenta con 5036 empleados contra los 3981 que existían en 2007. Esa dotación  implica hoy la existencia de 2,68 empleados por conexión de agua. 
 
VOLAR. La renacionalización de Aerolíneas Argentinas se produjo en el año 2008 en el marco del profundo vaciamiento que realizara la operadora española Marsans cuyos directivos hoy enfrentan juicios por malversación de fondos públicos en España. Antes de la gestión de Marsans la línea de bandera pasó por las manos de la estatal española Iberia (la compró en 1990) y American Airlines que la gestionó durante nueve meses para luego desestimar su compra. En 2001 entró en convocatoria de acreedores previo a la cesión al Grupo Marsans. Bajo la gestión de este último para 2008 acumulaba un déficit presupuestario de 942 millones de dólares y una deuda neta de casi 1800 millones de dólares. De los 50 aviones con los que contaba la compañía, sólo volaban la mitad. De aquel déficit anual de 942 milllones de dólares del año 2008 (el último bajo gestión privada) se pasó a un déficit de U$S 540 milllones en 2009 y de 440 millones en 2010. 
Según los resultados del último año difundidos por la compañía, en 2013 se redujo drásticamente el déficit en casi 200 millones de dólares pasando de 441 millones de 2012 a 247 millones lo que representa una reducción de un 44,1% en un año. Para el comparativo del último trimestre ese déficit se redujo en un 49,4 por ciento. Según el mismo informe de balance, esos resultados se explican por un incremento de los pasajeros de un 19,1% anual, de frecuencias de un 16,3% y de un incremento de la facturación por ventas de un 21,7% en dólares.
 
YPF. Al igual que las experiencias anteriores la política estatal hacia YPF fue resultado del profundo vaciamiento operado por su gerenciadora privada, en este caso la también española Repsol. 
A diferencia de las anteriores, sin embargo, en este caso el Estado a través de la ley aprobada el 3 de mayo de 2012 en el Congreso, se propuso alzarse con la mayoría accionaria de la compañía y no con la totalidad de la misma. 
Desde ese lugar, durante el último año, el directorio de la compañía estuvo orientado a la búsqueda de nuevos socios para invertir en el yacimiento de Vaca Muerta (logró un acuerdo con Chevron) mientras que, al mismo tiempo, buscó concluir su diferendo con Repsol en lo que hace al valor accionario del paquete estatizado objetivo que estaría pronto a plasmarse a través de una oferta de bonos Baade y un pago en efectivo. Con todo, la gestión pública en manos de Miguel Galuccio ya anunció que, en el último año la producción operada por la compañía creció un 3,4% en petróleo y un 2,2% en gas, cifra que se eleva a un 8,7% y un 11,4% respectivamente en el comparativo entre diciembre de cada año. Lo curioso es que en el caso del gas no se registraba un incremento en la producción desde el año 2004 revirtiendo una tendencia de más de nueve años de caída interanual. En el caso del petróleo se revirtió una tendencia persistente desde el año 2002. La compañía informó que "hoy dispone de 65 equipos de perforación de nuevos pozos y 92 de workover (reparación de pozos) contra los 25 y 49 que tenía en el 2011". En lo que se refiere a la utilidad operativa de la compañía en el tercer trimestre de 2013 alcanzó los $ 3444 millones que representan un incremento del 104% con relación al mismo período del año anterior. 
 
CONCLUSIONES. Para todo un sector de economistas que se identifican con el gobierno, la gestión de las empresas estatizadas es una señal inequívoca de que es posible una gestión eficiente de las empresas privadas y que estos resultados debieran apuntalar la profundización de las estatizaciones, ya no como una política de reflejos contra desfalcos privados (el caso de las distribuidoras eléctricas está en el tapete) sino como una política legítima que, además, en el marco de la restricción externa y la falta de dólares debiera orientarse hacia un incremento del control estatal sobre sectores estratégicos y generadores de rentas extraordinarias como, por ejemplo, el sector agropecuario. En rigor, el carácter privado de toda la cadena de producción, distribución y exportación de productos agropecuarios ha sido un factor de evasión de las corporaciones agrícolas. En este contexto, el establecimiento de mecanismos de control y propiedad estatal, podría establecer las bases para una apropiación social de esa renta y las divisas que ella genera. «
 
 
De las afjp al estado accionista
A partir de la Ley 26.425 SIPA de estatización de las AFJP del año 2008, el Estado heredó la participación accionaria que las administradoras ostentaban en cerca de 50 compañías privadas. 
La propia ley establecía que el Estado no podía mantener la propiedad de acciones de empresas con sede en el exterior (activos extranjeros) por lo que tuvo que deshacerse de los paquetes accionarios de empresas como Tenaris (con sede en Luxemburgo) y Telefónica. 
Con todo, hoy por hoy, el Estado participa accionariamente en 46 empresas que recorren prácticamente todos los sectores productivos, desde bancos (Macro, Galicia y Patagonia), empresas de energía (Pampa Energía, Edenor, Gas Cuyana, Gas del Sur, Petrobras etc.), alimentos ( Molinos), Transporte (Metrovías), Shoppings (Alto Palermo) hasta el emblemático Grupo Clarín entre otras compañías. La participación del Estado va desde un 0,1% hasta el 31% con un promedio del 13,8% y en ninguna de ellas cuenta con mayoría. 
Durante 2013, los dividendos de estas compañías le generaron al Estado un ingreso de 402 millones de pesos. Del total de las 46 empresas únicamente 12 repartieron dividendos entre sus accionistas. Fuentes de Anses explicaron que "algunas decidieron no repartir dividendos y reinvertir, hay otras que no tienen ganancias como las eléctricas que tienen pérdidas y, en el caso de los bancos, el BCRA no se los permite".  
En el caso del Estado esas ganancias se destinan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses que es el propietario de las acciones y que ha servido para financiar, entre otros, planes como el Procrear y otros proyectos de infrestrcutura. 
Las mismas fuentes de Anses explicaron que, desde el decreto de estatización, de las Afjp la participación del estado no se modificó puesto que, a excepción de las mencionadas Tenaris y Telefónica, el Estado no se desprendió de ninguna acción ni tampoco amplió su cartera.
Las mismas fuentes explicaron que el FGS tiene los derechos económicos pero, desde el año 2012, los derechos políticos (la asistencia a las Asambleas, los nombramientos de los directores y la definición de los votos depende de la Secretaría de Política Económica a través de la Dirección de Participación de Empresas Estatales.
 
 
¿Y la renta agraria?
Consultado sobre dónde sería deseable avanzar en un mayor control estatal, Alejandro Rofman, economista del Plan Fénix, recordó que "desde que Menem y Cavallo disolvieron la Junta Nacional de Granos, desapareció toda forma de injerencia de la sociedad en el manejo de la renta agraria, aquella que implica la explotación de un factor de alta rentabilidad. Es importante que vuelva a aparecer el Estado en alianza con la sociedad. Que compre, venda y genere negocios garantizando el pago del precio pleno sin deducciones, garantizando un piso de rentabilidad y permitiendo que el precio del mercado interno esté acorde con las posibilidades de consumo de la población y que obligue al resto de los actores a que se consideren orientados y controlados por esa alianza."